Barricada - Vértice de Sinaloa


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La discusión urgente


*Los cínicos no sirven para este oficio: R. Kapuscinski

Por: Rosa María RÍOS ACOSTA
Nuestra profesión, afirma el periodista Ryszard Kapuscinski “no puede ser ejercida correctamente por nadie que sea un cínico”. No existe compatibilidad alguna entre el cinismo y el periodismo, porque “el cinismo, es una actitud inhumana que nos aleja automáticamente de nuestro oficio”; al hacer una diferenciación entre los buenos y los malos periodistas, refiere que “cada año, más de 100 periodistas son asesinados, encarcelados o torturados y, quien decide hacer este trabajo y está dispuesto a dejar la piel en ello, con riesgo y sufrimiento, no puede ser un cínico”.

La definición hecha por el periodista polaco en su libro Los cínicos no sirven para este oficio, acude a la memoria ante la reciente embestida lanzada por la diputada Karla Montero que, en esencia, es la misma de siempre por parte de los enemigos de la libertad de expresión y el derecho a la información en México, contra los medios críticos y periodistas incómodos.


 
LOS CÍNICOS NO SIRVEN PARA ESTE OFICIO
¿Que fue un error producto de la inexperiencia política de la legisladora? ¿Una estrategia para desautorizar a periodistas y medios incómodos (como sería el caso de “¿Vértice de Sinaloa”) cocinada desde el interior del Congreso, en esa alianza políticos-empresarios que ven en los medios una amenaza para sus intereses? La respuesta sin duda saldrá a la luz más temprano que tarde.

Sin embargo, sea como sea, no es posible guardar silencio cuando lo que está de por medio es el nombre y prestigio de un esfuerzo editorial serio, de muchos años y del cual dependen un grupo de trabajadores.

Hacerlo, nos volvería cínicos e irresponsables; significaría admitir como ciertas, afirmaciones que son falsas y, por lo mismo, constituyen difamaciones y calumnias que resultan ofensivas y por lo tanto inaceptables.


Congreso del Estado. Ante la difamación, el silencio.


CON ALMA DE ESCLAVOS
Tampoco podemos pasar por alto que la crisis de un modelo económico y político que hace aguas, pero que no termina de hundirse, ha venido golpeando a las grandes empresas de la comunicación, aunque nunca en la medida que, a sus trabajadores, entre éstos, a los periodistas.

En nuestros días, es común que un egresado de la universidad llegue con su título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación o Licenciado en Periodismo a pedir trabajo, y se le extienda un contrato por 4 mil pesos mensuales.

Otro aspecto, es la existencia de una gran cantidad de portales electrónicos de noticias, que se han generado como una alternativa de vida ante el desempleo de los trabajadores de los medios.

Ante esa situación, reitero para quienes lo ignoran: Los medios de comunicación vivimos de la publicidad. Su contratación por parte de las entidades públicas, se encuentra prevista en el Artículo 134 Párrafo Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acceder a ella mediante contrato y facturación es un acto perfectamente legítimo, no es irregular ni motivo de vergüenza. Tampoco debe condicionar la línea editorial de un medio. Quienes así lo consideran, como la señora Montero y quienes la respaldan, es porque tienen alma y espíritu de esclavos.


LA DISCUSIÓN URGENTE
Así lo hemos asumido en Vértice de Sinaloa y hemos pagado todos los costos. En 18 años de existencia, hemos sido claramente marginados de los grandes contratos de la publicidad oficial y, en consecuencia, de la posibilidad de ampliar nuestra presencia en el universo de lectores.

Bajo esta premisa, estamos completamente de acuerdo con organizaciones como Medios Libres y Artículo 19, quienes proponen derogar la reglamentación al 134 Constitucional y dar lugar a una nueva reforma que ponga al centro de la discusión la necesidad de que los presupuestos a la publicidad no sirvan “para premiar o castigar” las líneas editoriales, sino para alentar la libertad de expresión, la diversidad informativa y fortalecer el derecho a la información.

En su propuesta, Medios Libres y Artículo 19 sostienen que la publicidad oficial no debe desaparecer, pues consideran que la ciudadanía tiene derecho a estar bien informada y, bajo esa premisa, el Estado se encuentra obligado a canalizar presupuestos a este renglón con criterios de equidad.

Consideran además injusto que los grandes presupuestos se asignen mayoritariamente a las grandes empresas favoreciendo el monopolio, pues en su opinión, la existencia de una gran cantidad de medios informativos de escaso tiraje y penetración, pero que hacen trabajos de investigación y gran calidad, no deben desaparecer, por el contrario, deben ser sujetos de apoyo por parte de los gobiernos a través del rubro de la publicidad oficial.

LOS FILTROS DE LA LISTA
Como parte de una investigación en curso, tuvimos acceso a la lista de proveedores que sirvió a la diputada Montero para evidenciar, según ella, el cobro de los que llamó “chayotes”.

Un primer elemento es que, contraviniendo los principios de orden y organización financiera de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el Poder Legislativo no existe, al menos hasta el momento, un apartado para los gastos en Comunicación Social.

Eso permite que la facturación de la publicidad aparezca en el rubro general de proveedores.

Así como la señora diputada desconoce que existe una legislación que norma el uso de recursos públicos para la contratación de publicidad oficial y la confunde con “chayotes”, desconoce también a los periodistas en su inmensa mayoría.

No obstante, al referirse a los proveedores registrados en el padrón del Congreso, sólo citó los nombres de algunos medios y algunos periodistas.

Lo anterior da elementos para considerar que se trató de una maniobra basada en un filtro de información que alguien le entregó con toda premeditación y que, la ignorancia general sobre el tema, se aprovechó para calumniar y difamar a “periodistas incómodos” para algunos de los que controlan el Congreso, lo mismo que para empresarios molestos por las publicaciones de nuestro medio informativo, entre otros.

MORENA CONTRA LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO
En la sesión del pasado jueves, el Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, promueva una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 4 Bis A, fracción I de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que fue publicada en el periódico oficial por el Ejecutivo el pasado 26 de octubre.

Según el documento presentado por el diputado Pedro Villegas Lobo (MORENA), considera que la citada modificación, que fue aprobada por la pasada LXII Legislatura, condena a la mujer por su condición sexual, a tener hijos no deseados mediante la imposición legal del embarazo y consiguiente maternidad forzada.

La propuesta fue respaldada por la diputada del Partido Sinaloense (PAS), Angélica Díaz Quiñónez.

En estricto, la acción de inconstitucionalidad viene a reintegrar en Sinaloa, el derecho de las mujeres al aborto, aunque con algunas restricciones, lo que significa un ligero avance en materia del derecho de las féminas a disponer de su propio cuerpo.

Sin embargo, todavía queda mucho camino que recorrer en ese sentido.
 
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