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La autonomía en la agenda pendiente

La Educación Superior
¿Derecho o Mercancía?

*Es obligación del Estado sostenerla
*Intereses a favor de la privatización
*Competir y rendir cuentas claras
Por: Benedicto JIMÉNEZ
Ciudad de México, 01 de junio 2019. Hace unos años, el ex rector de la UNAM, Dr. Juan Ramón de la Fuente, expresó que la educación superior, las universidades públicas, debe ser “insensatamente independiente”, pues son la conciencia crítica de la sociedad y, recientemente, se ha retomado la exigencia de que el Estado no intervenga en las decisiones internas de las universidades, presionando para orientar el gasto, por ejemplo.
La discusión entre intelectuales y académicos sobre la función de la universidad mexicana está abierta, pero hasta ahora no se ha abordado con la profundidad que requiere. Entre los grupos académicos de la UAM y de la UNAM se habla de redimensionar el concepto de la autonomía universitaria y la obligación del Estado de respetarla e incluso promoverla.
Si se examinan las actuales tendencias educativas del gobierno federal, reflexiona el doctor Francisco Hernández Gilabert, “en el fondo, se trata de la polémica entre ver la educación superior como un derecho constitucional, tal y como se consigna en la Constitución General de la República mexicana, o un servicio de mercado, como en la práctica sucede en Estados Unidos y otros países”.
INTERESES PRIVADOS EN JUEGO
El hecho es que en el país hay grupos privados, empresariales, que “ya tomaron partido por la privatización”, enfatiza el investigador Hernández.
Pero la disyuntiva, que ya debe ser discutida con toda franqueza, agrega, hace tiempo que fue presentada por investigadores educativos del país, como Hugo Aboites y Jorge Guillermo Cano, en libros y ensayos que tocan el tema. 
Si se asume como derecho constitucional, tal y como ahora está plasmado en nuestra legislación, entonces los razonamientos de Juan Ramón de la Fuente, en el sentido de que es obligación ineludible del Estado proveer los recursos necesarios para que las universidades públicas cumplan con su tarea, se tornan indiscutibles, precisa el doctor Hernández.
De cualquier manera, agrega José Carlos Jiménez, investigador en ciencias sociales, “la universidad pública debe aprestarse a competir en todos los órdenes tanto con la universidad privada como las extranjeras”, además de rendir cuentas “que no dejen lugar a dudas de la rectitud en el manejo financiero de nuestras instituciones”.
Pero de ahí a que el gobierno dicte en qué deben ser usados los recursos, coinciden ambos investigadores, “hay razonable distancia” y si el Estado pretende imponer el destino entonces “estaría violando la autonomía universitaria”.
Y eso es lo que parece estar sucediendo con “políticas de evaluación que en realidad condicionan la entrega de recursos al cumplimiento de las normas dictadas por la SEP. En ese sentido, evaluación se traduce en sometimiento”, precisa Jiménez.


Todos tratan de intervenir en las universidades
QUE LOS PARTIDOS TAMBIÉN
RESPETEN LA AUTONOMÍA
La mayoría de los académicos coinciden en que los partidos políticos, aunque alegando estar de acuerdo con la autonomía universitaria, “de hecho tratan de socavarla al hacer del campus un espacio para el proselitismo”, como establece el investigador y politólogo Ezequiel Campos Herrán.
Como afirma De la Fuente, la autonomía es “compañera inseparable, porque sin ella simple y sencillamente no puede haber libertad académica y la academia sin libertad no es academia”, coincide Campos Herrán.
La discusión, afirman nuestros entrevistados, “tiene que abrirse sin temores, porque están sucediendo muchas cosas que ya están cambiando a nuestras instituciones, sin que se haya escuchado ni tomado en cuenta nuestras posiciones propias”.
 
 
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