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Señalan ciudadanos



La Ceaipes, “Cómplice del Gobierno” en el Ocultamiento Informativo



*La difusión de lo irrelevante
*Declaracionitis para desinformar
*El viacrucis de los comunicadores
*Innecesaria en una sociedad civilizada


Por: Rebeca ANGULO 
Culiacán, Sinaloa, 02 de septiembre 2012. En Sinaloa, como en el resto del país, el problema central que obstaculiza el Derecho a la Información, es “el ocultamiento de lo relevante que puede comprometer a quienes disponen del erario”, cuestionan ciudadanos, al señalar que no basta que se conozca su derecho de acceder a la información pública, si a la hora de ejercer ese derecho se topan con que el gobierno no libera los contenidos de la información relevante y en ello cuenta con la “complicidad” de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIPES).
En opinión de Laura Martínez y Roberto Rodríguez, resulta “ocioso” que las autoridades de la Comisión Estatal de Acceso a la Información de Sinaloa (CEAIPES) declaren que miles de personas conocieron este derecho de solicitar información a los gobiernos, así como las herramientas disponibles para hacerlo, cuando saben perfectamente que “el problema es el ocultamiento de la información relevante por parte de la mayoría de las entidades públicas”.
LA COMPLICIDAD DE LA CEAIPES
“Si la CEAIPES está al tanto del comportamiento de las entidades públicas en materia de derecho a la información, deberá estar enterada que por lo regular éstas omiten cumplir con respetar el derecho de los ciudadanos a conocer al detalle el desempeño de la administración pública”, coincidieron Rodríguez y Martínez.
Se refirieron en ese sentido, al “ocultamiento de la información mínima de oficio”, pues destacaron, basta una somera revisión por los sitios de las dependencias en la Internet, para tener constancia que “la gran mayoría no liberan conforme a la Ley de Acceso los contenidos informativos correspondientes”.
“Por supuesto que es importante que los ciudadanos conozcan que tienen derecho de acceder a la información de la administración pública, a conocer al detalle cómo administran el gasto, cuánto ganan los funcionarios públicos, que prestaciones perciben, cuántas personas laboran en las diferentes dependencias y cómo laboran, los programas que éstas desarrollan y cómo los desarrollan, las contrataciones de personal, y toda aquella información generada en las instancias del gobierno”.
En una sociedad civilizada, no hacen falta Laipes ni Ceaipes. “Todos aquellos que ejercen recursos del erario están obligados a dar la información que sobre ello se les pida, sin requisito de ninguna clase. Es su obligación”, enfatiza Martínez.

LA DECLARACIONITIS
Sin embargo, insistió Martínez, el problema se presenta cuando los titulares de las entidades públicas “por incapacidad, negligencia o dolo” ocultan la información sobre los indicadores de gestión sin que los integrantes de la Comisión Estatal de Acceso se den por enterados, “o de plano con su complicidad”.
Toda esa falta de información relevante, los funcionarios de la administración pública luego la quieren cubrir “con declaraciones vacías y superficiales, entrevistas de banqueta y/o golpes publicitarios”, que, en términos reales, no hacen más que desinformar a los ciudadanos que no tienen más opción que leer, escuchar o mirar, “un montón de información basura”, que les transmiten los medios de comunicación masiva, “porque así lo imponen los gobernantes a través de las coordinaciones de comunicación social”.
EN EL VIACRUCIS INFORMATIVO
Del problema en mención, Laura Martínez puso como ejemplo infinidad de quejas externadas por trabajadores de los medios de comunicación conforme con las cuales las entidades públicas niegan, por ejemplo, los gastos detallados en comunicación social, en el caso del gobierno del estado y la mayoría de los ayuntamientos; las estadísticas de la criminalidad por parte de la Fiscalía del Estado; el uso detallado de los recursos con todo y las “onerosas percepciones” de los diputados y los gastos “completos” del Consejo Estatal Electoral y los partidos políticos.
En el plano nacional, es evidente el “viacrucis” que enfrentan los reporteros para conocer la información relevante en la Procuraduría General de la República, las fuerzas armadas, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE entre otras dependencias federales.

LO CUESTIONABLE
Es muy fácil para los funcionarios de las comisiones de acceso a la información, asegurar que cumplen con su función y “engrosar la lista” de los servicios ofrecidos, sólo porque atendieron a diversos grupos de primarias, secundarias o preparatorias, que fueron a preguntar “cómo se llama el alcalde de Culiacán, de Navolato, el gobernador y los funcionarios del gabinete estatal”.
“No está mal que los estudiantes y los ciudadanos en general conozcan cómo se llaman sus autoridades y qué funciones desempeñan, por el contrario, qué bueno que se interesen, pero lo que sí es cuestionable, es que cuando requieren información más detallada sobre su labor, no consigan acceder a ella porque las entidades públicas no liberan correctamente los contenidos informativos como critican constantemente los periodistas”, detalló Rodríguez.
En la opinión de los entrevistados por este medio de comunicación, ocultar la información “como sucede actualmente”, en nada ayuda al crecimiento político de los ciudadanos, por el contrario, “abona a la torpeza a la hora en que se tienen que tomar decisiones, como en los procesos electorales”.
Ante las evidencias, habría que preguntarles: “¿Cómo se puede forjar una opinión pública informada, comprometida a tomar conciencia sobre los graves problemas que tiene el país y el estado, sobre la base de la mentira declarada y sin conocimiento real de los verdaderos problemas que se padecen en la administración pública?” -Expresaron en conclusión los entrevistados.
 
 
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