1-Principal - Vértice de Sinaloa


©
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Páginas
 


Propone el colectivo “Medios libres”, filial de Artículo 19


Necesaria Regulación para Asegurar Equidad, Transparencia y Promoción a la Diversidad Informativa


*Fueron legalizadas “las malas prácticas de siempre”
*No a la asignación de publicidad como premio o castigo
*Reducir 50% el gasto, insuficiente sin reglas claras
*10 grandes empresas acaparan el 48% de presupuesto
*Asignaciones insignificantes para medios críticos


La regulación del gasto en publicidad, la discusión pendiente.

Por: Rosa María RÍOS ACOSTA
Culiacán, Sinaloa, 04 de octubre de 2018. Al reformar el Artículo 134, Octavo Párrafo de la Constitución Política de México, los poderes ejecutivo y legislativo del país, “perdieron una oportunidad histórica para regular la publicidad oficial”, pues en vez de poner candados para evitar que se siga empleando por los gobiernos municipales, estatales y federales con discrecionalidad, “para premiar o castigar” las políticas editoriales de los medios de comunicación, sólo “se legalizó esas malas prácticas”, advirtió Medios Libres, organización colectiva que aglutina a periodistas, académicos e intelectuales en la materia
En una propuesta de Iniciativa Ciudadana con proyecto de decreto para la expedición de la Ley General de Publicidad Oficial, el organismo especializado en defensa del periodismo y el derecho a la información, Medios Libres, propone la derogación de las reformas al Artículo 134 Constitucional que fueron aprobadas el pasado 26 de abril y la formulación de una nueva ley que regule la asignación de publicidad oficial por parte de las entidades públicas.

LA PUBLICIDAD OFICIAL COMO
MECANISMO DE CENSURA
En la exposición de motivos, establece que “la falta de regulación de la publicidad oficial, ha permitido que esta sea utilizada como mecanismo de censura indirecta por parte de las instituciones del Estado”.

Sostiene que este factor “ha propiciado el desarrollo de redes de corrupción que pasa por el control de las líneas editoriales de medios de comunicación que dependen de la publicidad oficial como medios de subsistencia”.

Señala además que, “la libertad de expresión y el derecho a la información se han visto comprometidos y vulnerados a causa a de las malas prácticas en la contratación y promoción de publicidad en los distintos medios de comunicación”.

Dichas malas prácticas son atribuibles a las dependencias oficiales que manejan recursos que deben destinar a la publicidad en los términos de ley. A eso se suma la ignorancia incluso de legisladores y la compartición, por su parte, de las dinámicas corruptas en las que se procura encasillar al conjunto de los periodistas.
Eso es lo que está pasando en el Congreso de Sinaloa, lo que se evidencia en las calumniosas declaraciones de la diputada del PES-Morena, Karla Montero, ante lo cual el conjunto del legislativo, como tal, no ha expresado posición o crítica puntual.
 

Diputados de la LXIII Legislatura, guardan silencio ante las insidiosas
declaraciones de su homóloga Montero, en contra de periodistas.

DIEZ EMPRESAS ACAPARAN EL
48% DE LA PUBLICIDAD OFICIAL
“La censura, las malas condiciones laborales, la falta de garantías en seguridad, el condicionamiento de líneas editoriales, la distribución desigual e inequitativa de la pauta de la publicidad oficial, la asignación discrecional y arbitraria, así como el gasto excesivo, son realidades que busca atender esta iniciativa de ley, que ha sido elaborado con base en los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, precisa el documento.

Por su parte, el investigador en materia de Derecho a la Información, Carlos Robles, expresa que uno de los principales problemas en el uso de los recursos públicos, se expresa en la asignación de la publicidad no facturada, “la que se asigna pero permanece oculta, la que no se comprueba y pasa a formar parte de los subejercicios, la que se ejerce a discreción y que muy a menudo beneficia a las grandes empresas editoriales, cadenas de prensa, radio y televisión, en abono al monopolio informativo, quienes reciben los verdaderos chayotes y a quienes nadie se atreve a cuestionar”.

INEQUITATIVA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
A ese respecto, un estudio de las organizaciones Artículo 19 y Fundar, precisa que hasta estos momentos el 48% de los presupuestos asignados para la compra de publicidad por parte de los gobiernos, es acaparado por 10 grandes medios de información, entre los que sobresales los monopolios de Televisa, TV-Azteca, cadenas de radio y los principales periódicos.

El 52% restante, se distribuye entre unos 3,800 medios informativos de la República Mexicana, lo que se traduce en una enorme falta de equidad en la asignación de los mencionados recursos.

Menciona al respecto que una enorme cantidad de medios pequeños, esfuerzos editoriales impresos, radiofónicos y/o electrónicos de periodistas independientes, sobreviven en “condiciones paupérrimas”.

Cita entre éstos “a medios críticos que hacen investigaciones importantes, de impacto, pero que reciben asignaciones presupuestales insignificantes o nulas, mientras existen casos en los cuales ‘de un año a otro’, se duplica el dinero que reciben otros medios, algunos con contenido de menor calidad pero que son menos críticos”.

MILES DE MILLONES SOBREEJRCIDOS
EN LA OPACIDAD
Como ejemplo de las desviaciones que conlleva la falta de regulación sobre el uso de la publicidad oficial, la organización Artículo 19 filial de Medios Libres hace mención con datos del Sistema de Comunicación Social (ComSoc), que, en 2017, que, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 11 mil 240 millones de pesos en publicidad oficial.

De éstos, 6 mil 875 millones, fueron recursos sobreejercidos, es decir, se trata de recursos que fueron destinados a los medios de comunicación de manera totalmente discrecional.
puesto que aún no existen criterios claros y transparentes para su asignación.
Si consideramos el periodo 2013 a 2017, el gasto en publicidad oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto asciende a 50,862 millones de pesos, expresa Artículo 19 al precisar que, los sobreejercicios en el presupuesto de este rubro han sido una constante: el gobierno federal ha gastado más del 85% de lo que se había presupuestado, es decir, 23,410 millones de pesos adicionales.

Antes, durante el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el gasto en publicidad ascendió a 27 mil 165 millones de pesos, de los cuales, el 66% fueron sobreejercidos, es decir casi 18 mil millones de pesos.

GASTÓ LÓPEZ VALDEZ, 165 MILLONES
En el caso de Sinaloa, datos de la Plataforma Nacional de Transparencia mencionan que durante el sexenio de Mario López Valdez, el gasto en publicidad oficial ascendió a 165 millones de pesos; mientras que Quirino Ordaz Coppel, quien desde un principio advirtió que durante su administración se observaría la austeridad, en 2017 se gastaron 24 millones 262 mil pesos.

REDUCIR EL GASTO, INSUFICIENTE
SIN CLARA REGLAMENTACIÓN
Al referirse a la propuesta del gobierno de la Cuarta Transformación, mismo que ha señalado que reducirá un 50% el gasto en publicidad oficial, en la opinión de Artículo 19, esa sola medida es insuficiente para garantizar la libertad de expresión.

Ante la falta de reglas claras que acoten la asignación de los recursos, se mantiene el riesgo de que estos se canalicen con los mismos criterios de siempre: castigar o premiar las políticas editoriales, lo que conllevaría nuevamente a que sigan siendo los mismos medios de siempre los beneficiarios con los recursos públicos.

Uno de los argumentos vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el amparo interpuesto por Artículo 19 a principios de este año en contra de la reforma al Artículo 134 Constitucional, expresó que los medios de comunicación pueden ser víctima pero también beneficiarios de la falta de regulación del gasto en publicidad oficial al no haber criterios puntuales ni transparentes que establezcan cómo se deben ejercer esos recursos.
 
 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal